Los meses de junio y julio representan un periodo crítico para casi 300,000 estudiantes en España que afrontan la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Sin embargo, este año el despliegue organizativo no solo se limita a la revisión de documentos y la vigilancia visual de los examinadores; las aulas han comenzado a incorporar medidas de control tecnológico sin precedentes. El motivo principal es combatir los métodos de copia de última generación potenciados por la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa. Para atajar esta problemática, se ha introducido el uso de detectores de radiofrecuencia, unos dispositivos diseñados específicamente para cazar las comunicaciones ocultas en el aula. Es fundamental aclarar que estas herramientas no actúan como inhibidores de señal —cuya utilización está estrictamente regulada y prohibida en este ámbito porque bloquea por completo las telecomunicaciones—, sino que operan exclusivamente como receptores pasivos que localizan el origen de las ondas electromagnéticas.

El perfil técnico de estos dispositivos revela una solución tan económica como eficiente. Según detalla Héctor Esteban, catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, se trata de pequeños aparatos con un coste de entre 10 y 12 euros capaces de rastrear un espectro de frecuencias sumamente amplio, que abarca redes WiFi, conexiones Bluetooth y bandas de telefonía móvil 3G, 4G y 5G. Su diseño es tan compacto que se asemeja al tamaño de un bolígrafo, lo que permite que el docente o encargado de la sala lo lleve directamente en el bolsillo configurado en modo vibración, garantizando que cualquier alerta pase desapercibida para el resto del alumnado. El foco de rastreo ya no se dirige prioritariamente hacia los teléfonos móviles convencionales, sino hacia gadgets de dimensiones microscópicas difíciles de percibir a simple vista. Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense, destaca la gran preocupación en torno a herramientas sofisticadas como los micropinganillos y las gafas dotadas con IA generativa, dispositivos que facilitan la recepción de respuestas dictadas en tiempo real desde el exterior o consultadas directamente a un chatbot.

La implantación de esta tecnología se está ejecutando de forma descentralizada y asimétrica a lo largo del territorio nacional. Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid lideraron el estreno de estos detectores a comienzos de mes cubriendo a sus más de 42,000 alumnos matriculados, una estrategia a la que se han sumado regiones como Galicia, Murcia, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y el País Vasco. La operatividad no exige la presencia del hardware en todas las aulas de forma simultánea; tal como aclara Cristina Moreno, vicerrectora de la Universidad de las Islas Baleares, los dispositivos se utilizan bajo un régimen de rotación aleatoria por las distintas sedes del tribunal. El protocolo de actuación en caso de saltar una alerta por radiofrecuencia está meticulosamente pautado para no perjudicar los derechos del estudiante: si el detector vibra cerca de un pupitre, el examen es inmediatamente "marcado" pero el alumno continúa la prueba con aparente normalidad. La decisión sancionadora final queda en manos del tribunal una vez concluida la jornada, aplicando baremos que varían según la comunidad. Por ejemplo, Madrid contempla tres niveles de gravedad (desde la conservación de la nota en faltas leves hasta la anulación total de la Selectividad en casos muy graves de uso activo de pinganillos), mientras que la Politécnica de Valencia aplica un marco mucho más estricto donde la mera posesión de un teléfono móvil encima, incluso estando apagado, conlleva el suspenso automático de la materia.

A pesar de los esfuerzos, los especialistas coinciden en que no estamos ante un sistema infalible. Jesús Alcalde, experto en ciberseguridad, advierte que el alcance real de estos aparatos es limitado debido a que solo detectan señales que se encuentren emitiendo activamente en ese instante, son propensos a registrar falsos positivos en espacios con alta densidad de alumnos y no constituyen una prueba jurídica concluyente por sí mismos. No obstante, su verdadero valor radica en su impacto disuasorio. El propio catedrático Héctor Esteban ilustra esta efectividad recordando cómo, durante una de las primeras pruebas piloto, bastó con avisar de forma general que se iba a pasar el detector por las mesas para que un grupo de quince alumnos se levantara de inmediato a entregar de manera voluntaria los terminales que habían intentado ocultar. Ante una carrera armamentística digital donde los métodos de fraude avanzan con la misma rapidez que las herramientas de detección, el ámbito académico empieza a asumir que los parches de radiofrecuencia son una solución temporal. El debate de fondo apunta a una transformación estructural de los métodos de evaluación tradicionales, sugiriendo un retorno hacia formatos que dejen obsoleta la tecnología de copia, como la implementación de exámenes de defensa oral o presentaciones presenciales de temarios.